La Policía Nacional es un cuerpo cívico y democrático, no politicen mezquinamente a las muertes que nos duelen.

Indignarnos contra los dos patrulleros que avergonzaron a toda la Policía Nacional por el fatal desenlace que terminó con la vida de Javier Ordóñez es necesario. Sentir dolor por los dos niños que perdieron a su padre es obligado. Exigir responsabilidades es un deber cívico.

Hechos que puedan comprometer la responsabilidad de la Fuerza Pública no justifican que, abusando del derecho a protestar pacífica y públicamente, se acabe la vida y se ataque la integridad física de los ciudadanos, se dañen bienes, infraestructura públicos, se bloqueen vías, se sabotee el sistema de transporte. Aquí se vio un ataque organizado, 56 CAIs fueron destruidos, hombres y mujeres de la policía también fueron atacados.

No es admisible que el enojo ciudadano haya sido atizado con calculado criterio electoral, incluso por ex criminales que hoy posan de pacíficos humanistas y por mandatarios locales que eluden sus responsabilidades constitucionales y se prestan para juegos políticos perversos, incluso después de coordinar permanentemente la respuesta oficial a los excesos en las manifestaciones con la Policía Nacional, y sugerir con bajeza y faltando a la verdad que la Policía Nacional sigue una política de violación de los derechos humanos.

La Policía debe aprender de sus errores, debe seguir fortaleciéndose, debe estar abierta al autoexamen, debe estudiar sus protocolos. Pero pedir la cabeza del Ministro de Defensa que ha sido honorable, y afirmar que Policía Nacional que tiene que ser refundada y moldeada a imagen y semejanza de quienes la han atacado y despreciado durante más de sesenta años y hoy se aprovechan de un hecho bochornoso, es ruin y bajo.

La muerte de un colombiano no puede instrumentalizarse para atacar o estigmatizar a un Gobierno, a una institución de más de 160.000 integrantes.