Hablemos sobre la vacuna

Después de más de un año de enfrentar a la COVID-19 y luego de un par de semanas durante las cuales hemos recibido noticias sobre los avances de otros países en la inmunización de sus poblaciones contra la enfermedad, es comprensible que muchas personas indaguen por el comienzo del proceso de vacunación. Ese afán es legítimo y el reclamo a las autoridades públicas es saludable. Pero como algunos han pescado en río revuelto y otros lo han revuelto para pescar en él acusando mentirosa e injustamente al Gobierno Duque de manejar con negligencia la emergencia sanitaria, incluso de actuar tardíamente en la obtención de las vacunas, es necesario hacer algunas precisiones para que la ciudadanía no se desoriente.
 
Para comenzar, conviene no confundir peras con manzanas al hacer un análisis de política comparada. Aunque otros Estados ya comenzaron a aplicar las vacunas, tomarlos como referencia para juzgar el desempeño del Gobierno colombiano exige varios matices.
 
Primero, las naciones que ya empezaron la vacunación reúnen, salvo excepciones, una o varias de las siguientes características: son las más ricas del mundo (la mayoría de los que ocupan las primeras posiciones pertenecen al G-20, los países más industrializados y poderosos del planeta), o son fabricantes de la vacuna, o tienen poblaciones pequeñas. Israel es, sin discusión, el líder mundial en la inmunización, pero su extensión equivale a la tercera parte del departamento de Antioquia, su población no llega a los diez millones y su PIB por habitante es superior al doble del de Colombia.
 
Compararnos con los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas como China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia, y otros estados prósperos y altamente desarrollados como Alemania, Dinamarca (de apenas cinco millones de habitantes) España, Irlanda e Italia tampoco es el camino. Y lo mismo cabe decir sobre tomar como referencia a Arabia Saudita y Bahréin (de poco más de un millón de habitantes), países con enormes billeteras gracias al petróleo. El único país con características similares a Colombia que ya emprendió la vacunación es Argentina, pero el país del Cono Sur aplica la vacuna rusa, y ya sabemos como están las cosas con ellos. 
 
Segundo, la geopolítica cuenta y las vacunas fueron desarrolladas principalmente por empresas multinacionales, no por laboratorios públicos. Por tanto, es cándido ignorar la competencia entre países para adquirir las vacunas –especialmente cuando la lucha contra la pandemia es considerada una cuestión de interés nacional en todas partes– y que las grandes empresas químico-farmacéuticas persiguen el lucro. Esto explica que los estados con mayor poder de negociación lleven la delantera y hayan comprado lotes de vacunas muy superiores a sus poblaciones (Canadá adquirió un número que multiplica por siete a su población; Estados Unidos, por casi seis veces; y, la Unión Europea y Nueva Zelanda, por algo más de cuatro), que el mercado juegue un rol decisivo en la asignación de las anheladas vacunas y, muy importante, que los países de todos los rincones del planeta hallan firmado con las compañías fabricantes acuerdos de confidencialidad.
 
Tercero, los hechos no deben sobredimensionarse. Entre los países que ya iniciaron la vacunación, el promedio mundial era, a 14 de enero, de 0,46 dosis individuales por cada 100 habitantes; es decir, ese valor no representa el número absoluto de personas vacunadas porque hay vacunas que se deben aplicar en más de una dosis a cada individuo. Desde luego, iniciar la vacunación es un avance significativo, pero lo más relevante no es comenzarla sino llegar a un número que permita, en el corto plazo, reducir drásticamente las muertes y los casos graves y, en el mediano, lograr la inmunidad de rebaño. A la fecha, ningún país del mundo ha logrado estos objetivos, y solo uno ha conseguido reducir la tasa de contagio: Israel.
 
Aparte de estas consideraciones, es necesario refutar a quienes vienen sosteniendo que Colombia se ha tardado en comprar las vacunas. Desde mediados del año pasado, el Gobierno inició conversaciones bilaterales con laboratorios farmacéuticos y un diálogo multilateral en el marco de la Organización Mundial de la Salud. Apenas el 9 de diciembre el ejecutivo fue autorizado a comprar las vacunas, lo cual se hubiese logrado antes de no ser por la acción de sectores de oposición que dilataron la discusión en el Congreso de la República inventando debates artificiales, como la supuesta exclusión de responsabilidad del fabricante y la macartización del incentivo tributario a las donaciones para adquirir la vacuna. Y el 16 y 17 de diciembre Colombia firmó contratos con AstraZeneca y Pfizer, respectivamente. A hoy, 29 millones de colombianos ya tienen asegurada la vacuna. 
 
El Ministerio de Salud, además, ya tiene un plan de vacunación detallado, con un cronograma ambicioso pero sensato. Aprovechando nuestros más de 7.000 vacunadores, que equivalen a una capacidad para vacunar a alrededor de 227.000 personas diariamente, la cartera prevé vacunar en 2021 a los trabajadores de la salud de primera línea de atención y los mayores de 80 años (etapa 1), la población entre 60 y 79 años y los trabajadores de la salud de segunda y tercera líneas (etapa 2), la población entre 16 y 59 años con comorbilidades y la totalidad de los profesores de básica y secundaria (etapa 3), el cien por ciento de los cuidadores institucionales y la población en ocupaciones riesgosas (etapa 4), y la población entre 16 y 59 años libre de comorbilidades (etapa 5), para alcanzar un total de poco más de 34 millones de habitantes que nos acercarían a la inmunidad de rebaño al terminar el año.
 
Reitero que entiendo la prisa por la inyección, pero esta ansiedad no puede impedirnos admitir que, a la luz de todas las variables, incluso la capacidad logística y la responsabilidad que tenía el Gobierno de garantizar que las vacunas fueran seguras, Colombia ha tenido un desempeño que merece reconocimiento.

Encima. La libre expresión solo debería ser limitada cuando, a juicio de una autoridad conformada democráticamente, resulte necesario, proporcional e idóneo para salvaguardar el resto de derechos y libertades; la malquerencia política no puede ser el criterio sino la defensa coherente de la democracia.