Estado de emergencia II: aislamiento, transición y reactivación gradual

Por Ruby Chagüi

El Covid-19 ha infectado a más de 7 millones de personas y causado la muerte a más de 400 mil a lo largo y ancho de la Tierra, ha alterado nuestra cotidianidad y, según algunos, afectará para siempre la estructura social. Tras casi tres meses de cuarentena hemos conocido el comportamiento de la enfermedad y los efectos que tiene el aislamiento en la economía y el tejido social.

Colombia ya suma 42.078 mil contagios y 1.372 muertes confirmadas. Pero con el asilamiento preventivo obligatorio que decretó el Presidente Iván Duque de manera oportuna, se ganó tiempo para enfrentar mejor la pandemia y se adoptó la más ambiciosa política social de la historia en tiempo record para encarar el año más difícil para la economía mundial desde 1929. Según el Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la economía colombiana caería entre el 6,1% y el 7,9%, y repuntaría en 2021 para crecer en un 2,8%, pero el Comité Consultivo de la Regla Fiscal calculó nuestro decrecimiento en 5,5%.

Al amparo de un necesario estado de emergencia declarado, el Gobierno decidió hacer un enorme esfuerzo presupuestal de más de 30 billones de pesos para darle más capacidad al sistema de salud; otorgarle subsidios monetarios a la población más pobre y vulnerable a través de Familias en Acción, Colombia Mayor, Jóvenes en Acción, devolución del IVA e inauguró el Ingreso Solidario; además, para financiar a tasas y plazos blandos los servicios públicos; otorgar líneas de crédito garantizadas por el Estado hasta un 90% por 48 billones de pesos; permitir que se pague el 3% del Ingreso Base de Liquidación como aporte a pensión; y birndar facilidades tributarias. La asignación de recursos equivalentes al 11% del PIB para enfrentar la pandemia prueba el compromiso del Gobierno con la vida, la salud, el empleo y el bienestar de los colombianos.

A este paquete de medidas tenemos que sumar las que se apoyarían en un posible préstamo del FMI por 11.000 millones de dólares que entrarían a reservas internacionales. Eso sí, cualquiera que sea el curso, no se puede perder de vista que incluso los países más prósperos y con mayor bienestar, que es donde se registran las mayores tasas de contagio y muertes por el Covid-19, como China, Estados Unidos y Europa Occidental, han confirmado que la política social es insostenible sin actividad productiva y por eso han transitado a una fase de adaptación en la que se mantienen cuidados mientras el sector privado se reinventa para reactivarse gradualmente.

Justamente para seguir tomando acciones que nos permitan superar esta pandemia, el Gobierno declaró nuevamente el estado de excepción. Es necesario contener el contagio, reducir el tamaño de la tragedia e impedir una crisis económica mayor. Lograrlo es urgente y por eso hay que actuar rápido y con responsabilidad.

La reapertura gradual y controlada del aparato productivo es inevitable, eso sí, vamos a tener que hacerlo de manera disciplinada, cumpliendo los protocolos de bioseguridad, con el uso de tapabocas, sin aglomeraciones en empresas, lugares y el transporte público. Lo cierto es que algunos sectores continuarán aún cerrados, al menos en el corto plazo. La magnitud de la crisis llevó al Estado, siguiendo una propuesta del Centro Democrático que viene insistiendo en que haya crisis sin hambre, a subsidiar las nóminas y a dar más mercados, más bonos, más giros extraordinarios a los colombianos vulnerables que están en los programas sociales del Gobierno. ¡Qué gran decisión! Hay que mantener vivas a las empresas y favorecer a los trabajadores. El Gobierno dará hasta un 40% del salario mínimo durante cuatro meses, 350 mil pesos a los empleados de las empresas que redujeron su facturación en 20%, eso es, en principio, 2 billones mensuales, incluyendo personas naturales.

Entre los establecimientos que seguramente no abrirán inmediatamente sus puertas están hoteles, restaurantes, bares y discotecas, que emplean a alrededor de dos millones de personas, 80% de las cuales tienen ingresos iguales o inferiores a dos salarios mínimos y 33,4% son mujeres mayoritariamente de estratos 1 y 2, que son cabeza de hogar. De acuerdo con Cotelco, más del 80% de los hoteles de Colombia están cerrados, los que están abiertos tienen una ocupación promedio de 2,89% y cada mes de cierre equivale a una pérdida de 1,2 billones de pesos para el sector. Pese a que algunos restaurantes y otros establecimientos están operando a domicilio, sus ventas no son iguales y el desafío sigue siendo enorme.

Destacamos las medidas implementadas por el Gobierno Nacional, en las que insistimos desde el Centro Democrático, como la exencion del IVA para el sector Turismo que abarca hoteles, servicios turísticos, restaurantes que operan como franquicias y vehículos nuevos para el transporte público con propietario individual, además, del desmonte de la sobretasa de la energía hasta diciembre 2021 y la exención del impuesto al consumo para hoteles y restaurantes que tengan registro nacional de turismo hasta diciembre 31 de 2021. Importante también el subdisio por $160.000 mil pesos para las personas a quienes se les ha suspendido el contrato laboral, y la excención del anticipo de impuesto a la renta para bares, restaurantes, discotecas, el sector deportivo y cultural, así como el descuento del 75% para 32 sectores más.

Escuchando al sector privado y a la ciencia médica, hay que idear caminos a la transición, como la adopción de reglas de aislamiento, aseo y mitigación en establecimientos comerciales que podrían ser monitoreadas por autoridades públicas y organizaciones no gubernamentales. La Asociación de Bares de Colombia tiene una propuesta interesante que ya ha enviado a la Organización Mundial del Turismo con sugerencias concretas sobre el acceso, la salida, la zona de espera, la circulación, la barra, la “zonificación” de los establecimientos. Sí, se están reinventando para hacer una reapertura escalonada y responsable con la vida y la salud, la confianza y la libertad.

También hay que pensar cómo ayudar a los transportadores urbanos e intermunicipales. Ellos prestan un servicio esencial, especialmente para los colombianos más vulnerables que no tienen vehículos particulares. Sin embargo, si solo pueden operar hasta el 35% de su capacidad para impedir la propagación del virus, ¿cómo aseguraremos que se cubran, al menos, los costos fijos de operación? La Nación y los entes territoriales deberían otorgarles subsidios y bajar su carga impositiva.

La democracia liberal podrá salir renovada de esta pandemia global. Demostrará ser el mejor mecanismo para sortear este reto inédito respetando los derechos humanos. El Covid-19 nos ha obligado a restringir unos derechos para proteger otros, pero vamos a encontrar el balance que nos permitará disfrutarlos simultáneamente. Juntos, vamos a salir adelante.