No más bloqueos, no más caos. ¡Colombia: adelante!

El país ha pasado un año traumático a raíz de la pandemia. Recordemos que en 2020 nuestro Producto Interno Bruto cayó 6,8%, más de 500 mil micro-negocios cerraron, la tasa de desempleo promedio fue de 15,9% y la pobreza ahora afecta al 42,5% de la población (tenemos 3.6 millones de nuevos pobres). Estas y otras dificultades han llevado a muchos colombianos a reunirse y manifestar libre y pacíficamente su descontento y cuestionar la gestión de las autoridades públicas. Hasta ahí, nada que lamentar: una democracia vibrante es, por definición, deliberativa; el disenso es esencial a un sistema político pluralista y respetuoso de los derechos humanos, de suerte que las marchas multitudinarias y civiles solo prueban la fortaleza de nuestra democracia. Lamentablemente, los violentos no desaprovechan oportunidad para destruir y sembrar el caos.
 
Aunque el desafiante contexto que enfrenta la patria debería hacernos reflexionar sobre cómo reactivar la economía para generar empleos, reducir la pobreza y mantener la senda del primer trimestre de este año, en el que nuestra economía creció 1,1%, y dialogar con los ciudadanos inconformes para conocer sus preocupaciones y trabajar con ellos en la solución de problemas que nos tocan a todos, desde hace casi un mes muchos colombianos han sido víctimas de la violencia y la zozobra infiltradas en el paro. Impidiendo la generación de prosperidad, los bloqueos de vías han afectado la libre circulación de personas y bienes, la inversión y el esfuerzo de muchas empresas y el trabajo de los colombianos. Son lamentables casos como el de Huevos Kikes, compañía que lidera a nivel nacional el sector avícola y que, además de padecer el saqueo y robo de 660 mil gallinas, tuvo que sacrificar 400 mil aves por falta de alimento y suspender los contratos de trabajo de muchos de sus colaboradores, así como los de muchos de nuestros campesinos que no pueden comerciar sus cosechas, y de las misiones médicas, que han debido clamar al cielo para que los corazones de quienes bloquean sean sensibles ante la vida de los pacientes que esperan oxígeno y otros medicamentos. Y es que sin mencionar otras cifras de la violencia, como las muertes y heridas sufridas por miles de colombianos que están investigándose, los bloqueos han provocado la muerte de dos bebés, han afectado el transporte de alrededor de 8.2 millones de litros de leche y la mitad de la producción de carne de cerdo. La cifra total del daño es dramática: 484 mil millones de pesos en pérdidas diarias (10 billones en total), dice el Ministerio de Hacienda.  
 
Esto no es estigmatizar la protesta civilizada, protegida por la Constitución Política y respetada por todos los demócratas (muchos, de hecho, hemos marchado), sino reconocer hechos y llamarlos por su nombre. Hasta el 21 de mayo, se registraban 2229 bloqueos. Además, grupos ilegales están aprovechando la situación para extorsionar a la población con retenes y ataques a propiedades públicas y privadas. El desempleo, el desabastecimiento y el aumento de precios en diferentes partes del país y la profundización de las brechas existentes son los costos que Colombia debe pagar por este desorden público.
 
En medio de esta difícil coyuntura, es noticia que el peso colombiano se ha devaluado y nos hemos enterado que la firma Standard & Poor’s redujo el grado de inversión del país de BBB- a BB+. La misma evaluadora disminuyó los grados de inversión de cinco empresas y dos entidades estatales: Ecopetrol, Grupo Sura, Isagen, Ocensa, Davivienda, la Financiera de Desarrollo Nacional (FND) y Findeter. Esto significa que Colombia podría enfrentar dificultades para acceder al crédito o que éste podría encarecerse y que menos empresas podrían estar dispuestas a invertir en Colombia. Estas posibilidades son muy preocupantes porque, por un lado, el crédito y la inversión son condiciones para la generación de empleo y de ingresos fiscales que permitan financiar la expansión de la tarea social del Estado; y, por otro, porque tendrán que destinarse más recursos del presupuesto nacional para pagar deuda mientras se mantienen las presiones internas y externas -especialmente de la banca multilateral y las calificadoras de riesgo- para sacar adelante una reforma tributaria, recomendación formulada el año pasado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe para hacer viable, entre otras cosas, el ingreso a los más pobres.
 
Por eso se hace urgente restablecer el orden y la seguridad, condiciones de la vida en libertad, donde sea que estén turbados. Este debería ser uno de los acuerdos sobre lo fundamental al que lleguen todos los sectores democráticos y moderados de Colombia: la violencia es incompatible con la corrección de desequilibrios sociales y los derechos de los demás son el límite de nuestros propios derechos. Si coincidimos en esto, será más fácil avanzar, por ejemplo, en el diseño e implementación de una ambiciosa política pública para los jóvenes, cuyo malestar es comprensible ante una tasa desempleo de casi 24%, que deberá incluir, al menos, educación superior pública y gratuita para muchachos de estratos 1, 2 y 3; e incentivos para la vinculación laboral de jóvenes mediante un subsidio del 25% de un salario mínimo para las empresas que los contraten.
 
La mayoría de colombianos coincidimos en que hay que encontrar estrategias para reducir la pobreza y las inequidades y en que esta búsqueda requiere dialogo argumentado y razonado y flexibilidad y apertura para llegar a consensos sobre las importantes transformaciones sociales que la nación exige. Entretanto, ya hay un consenso: los bloqueos no son pacíficos, hacen daño a la vida, a toda la sociedad; los bloqueos, para ser clara, son ilegales, bloquean nuestra democracia, afectan a toda Colombia y deben ser enfrentados con autoridad y respeto por los derechos humanos. No dejemos que los bloqueos, la destrucción y el vandalismo se tomen a Colombia y acaben con su economía para llevarnos al caos. Colombia merece salir adelante. 

Encima. Mediante una decisión que socava el principio de representación democrática y desconoce la autonomía del Congreso, la Corte Constitucional, despreciando la decisión de los colombianos reflejada en un plebiscito y el clamor ciudadano actual para reducir el tamaño del Estado, revivió las denominadas curules para las víctimas. Ojalá de verdad sean para las víctimas del terrorismo, secuestro, extorsión, niños reclutados y violados y todas las víctimas de todos victimarios.